Tres son las metas a conseguir con la reforma laboral, cuya tramitación aprobó esta semana el Congreso, con una votación que convalida el Real Decreto Ley 10/2010, de medidas urgentes. Se busca impulsar la creación de empleo estable y de calidad; reforzar los instrumentos de flexibilidad en las empresas, y mejorar el acceso al empleo de los parados – en particular, de los jóvenes -, al tiempo que se refuerzan los mecanismos de intermediación laboral.

El objetivo último es favorecer a 8 millones de trabajadores que ahora o se encuentran en el paro o tienen un contrato temporal, sin restar derechos a los once millones y medio de trabajadores que hoy tienen un contrato estable, pues no se ha rebajado el despido y se mantienen las indemnizaciones, respecto a las que sólo se reduce en 8 días lo que pagan las empresas al trabajador.

La reforma, sin embargo, no satisface a todas las partes y mucho menos a quienes nunca tienen propuestas, pero sí buscan desgastar al gobierno sin argumentos de base y sin tener en cuenta que el impacto de la crisis internacional sobre el empleo ha sido de gran intensidad, lo que obliga a los gobiernos a tomar medidas adicionales y urgentes, entre las que también se encuentran otros cambios importantes y más cercanos que, sin duda, ayudarían a ofrecer soluciones a las demandas de la población.

Tal es el caso de la reforma urgente que requiere el Servicio Canario de Empleo (SCE), que debe promover el Gobierno de Canarias a fin de conseguir que las oficinas de las que dispone en las Islas se conviertan en auténticos centros de respuesta a las necesidades de los ciudadanos.

Los criterios que hoy se aplican para seleccionar trabajadores no priman la necesidad. El SCE responde a las demandas de trabajo sólo en función de la antigüedad de la fecha de inscripción y el grupo de edad, con los que es imposible resolver adecuadamente dificultades económicas que padecen muchas personas, y nos enfrenta a hechos como que no se da trabajo a un miembro de una familia sin ningún tipo de ingresos y sí a otro en cuyo grupo familiar hay varios miembros con empleo o cobrando prestaciones sociales.

Son muchas las situaciones concretas con las que nos hemos encontrado en La Gomera, donde también se ha llegado a contratar a dos miembros de un mismo grupo familiar y dejado fuera al vecino que está desempleado. Y es que el SCE no tiene informes sobre la situación real de las personas; no atiende de forma particular los problemas de exclusión social ni a las personas que intentan reincorporarse a la sociedad tras una etapa complicada, y tampoco tiene cupo para las víctimas de violencia de género.

Es evidente, por tanto, que se deben aplicar nuevas fórmulas para asegurar que no haya ni una sola familia que no tenga al menos un miembro con trabajo. Y es que la única manera que hay actualmente para conocer las necesidades de las familias es a través de los servicios sociales de Ayuntamientos y Cabildos, a los que hemos recorrido en La Gomera para poner en marcha el Plan Insular de Empleo y en el que se emplean cerca de 9 millones de euros de los fondos propios de la Institución insular para contratar 1.000 desempleados a lo largo del año.

Pero la premisa colombina no es válida si no se repite en el conjunto del Archipiélago desde el Gobierno regional, de modo que evitemos los “efectos llamadas” y desplazamientos de población a lugares en los que no podría ser atendida. Y es imprescindible, además, apostar por una mayor cercanía, de modo que no se resuelva una oferta de empleo en La Gomera con gestiones que se realizan desde La Palma o cualquier municipio de Tenerife.

La solución a los problemas del paro requiere un trabajo más pegado a la realidad y que atienda a las circunstancias económicas de cada lugar, así como a las necesidades de cada familia. E importante es, asimismo, que nos ocupemos más y mejor del que se mantiene como el principal motor del desarrollo de Canarias: el turismo.

Debe haber mayor coordinación en las políticas regionales de turismo y transporte, de modo que se favorezca la llegada de visitantes y, en definitiva, es necesario olvidar rivalidades e intereses partidistas, para colaborar y hacer cuanto esté a nuestro alcance para activar la economía, mantener y aumentar el empleo, reducir el déficit, ser más competitivos y elevar la productividad.

Casimiro Curbelo Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera y senador

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