El Cluster de Energías Renovables, Medio Ambiente y Recursos Hídricos, Ricam, coordina el gabinete de crisis integrado por las empresas de energías renovables integradas en las federaciones del metal de Canarias, Femete y Femepa, y que pretende recabar apoyos no sólo empresariales, sino también de instituciones y entidades, con la intención de “alcanzar un marco regulador estable en el sector”.

Así lo informa la organización en un comunicado, en el que recuerda que el Ministerio de Industria viene anunciando desde hace meses el cambio en la normativa actual que establece una retribución, o “primas”, a la producción de electricidad mediante fuentes renovables, en compensación por su aportación a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y la emisión de gases de efecto invernadero.

Sin embargo, según el cluster, “ahora el sistema actual parece no ser interesante” para el Ministerio, ya que su coste económico directo es considerado como importante. Pero Ricam señala que los sistemas de cálculo de costes de las diferentes fuentes, renovables y no renovables, “no siguen las mismas reglas, ni ofrecen la necesaria transparencia para establecer comparaciones de rentabilidad rigurosas”.

SISTEMA DE CONCURSOS

La Asociación Empresarial Fotovoltaica (Aef) ha remitido una propuesta al ministro, Miguel Sebastián, en la que aboga por la puesta en marcha de un sistema de concursos para nuevos proyectos que sustituya el actual de cupos y de asignación por orden cronológico.

Para Ricam, la aplicación de este sistema no gusta, es injusto y desigual, colocándose en sintonía con las patronales nacionales Appa (Asociación de Productores de Energías Renovables) y Asif (Asociación de la Industria Fotovoltaica).

De hecho, el Cluster ha expresado esta posición en varias ocasiones al Gobierno de Canarias y otras instituciones públicas, no sólo porque no garantiza un acceso abierto y transparente para todas las empresas del sector, sino porque Canarias “ha sufrido la experiencia de este tipo de mecanismos, que han acabado resolviéndose en los tribunales, causando un retraso de más de diez años en el desarrollo de las renovables”.

LAS VENTAJAS DE CANARIAS

Ricam publicó en el mes de febrero su estudio acerca de los sobrecostes de la energía eléctrica en Canarias, que desvelaba que la eólica y la fotovoltaica son “más baratas” que la generación mediante centrales térmicas que consumen grandes cantidades de combustibles y lanzan a la atmósfera gases de efecto invernadero.

“Hoy por hoy, el sobrecoste por el uso de combustibles fósiles es cubierto por el Estado, lo que permite que las tarifas que pagan los usuarios sean las mismas que en Península”, añadió. En este sentido, Ricam aboga por utilizar este sobrecoste en la financiación de proyectos de generación eléctrica mediante energías renovables más baratas que las convencionales.

Para el Cluster esto viene a demostrar que las medidas que desde el Ministerio de Industria se quieren adoptar “no contemplan las características propias de los sistemas eléctricos insulares, adoptando una política de “café para todos”, que no sólo no conviene al desarrollo de las energías renovables en Canarias, sino que terminaría consolidando un sistema de producción eléctrica insostenible desde el punto de vista económico y medioambiental”.

“VAIVENES” DE LA CRISIS

Teniendo en cuenta que el Sistema Canario ya se encuentra sostenido con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, el sobrecoste de producción canario podría sufrir los “vaivenes” de los tiempos de crisis y restricciones actuales, añade el cluster.

Para esta asociación empresarial, “las características de los sistemas eléctricos insulares y las condiciones climáticas y geográficas de Canarias hacen que las renovables estén llamadas a desarrollarse de una forma mucho más importante que hasta la actualidad”, en la que apenas suponen el 3 por ciento del total de la energía eléctrica generada, quedando “muy lejos de regiones y países con menos ventajas naturales”.

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El cluster de energías renovables en Canarias crea un gabinete de crisis ante los cambios en la regulación